Doha, el 02 de noviembre (QNA) — Su Excelencia Ibrahim bin Ali Al Mohannadi, ministro de Justicia y ministro de Estado para Asuntos del Gabinete, afirmó que Qatar concede gran importancia a la profesión jurídica, como demuestran las modificaciones introducidas en la Ley de la Profesión Jurídica y las decisiones normativas posteriores. Asimismo, señaló que la revisión del marco legislativo que regula esta profesión continúa en curso, en consonancia con la Visión Nacional de Qatar 2030 y la estrategia del Ministerio de Justicia.
En un discurso pronunciado durante la sesión inaugural del Foro de Abogados del Golfo, organizado hoy por el Colegio de Abogados de Qatar con motivo de su vigésimo aniversario, Su Excelencia afirmó que la independencia de la profesión jurídica no constituye un privilegio otorgado a los abogados, sino una garantía para las partes litigantes. En este sentido, subrayó que proteger la profesión y preservar su integridad e independencia exige que sus propios miembros sean los primeros en rechazar cualquier conducta indebida y exigir responsabilidades a quienes incurran en ella.
Su Excelencia señaló también que la calidad de la justicia en cualquier país se mide por lo que sucede en los bufetes de abogados, incluso antes de lo que ocurre en las salas de los tribunales. Explicó que el abogado es el primer profesional al que acude quien pretende iniciar un litigio, el primero en escuchar el relato de su cliente y evaluar si el caso justifica emprender acciones legales. Asimismo, recalcó que corresponde al abogado señalar a su cliente los errores que pueda cometer y advertirle cuando no tenga razón.
Su Excelencia expresó su sincero agradecimiento al Colegio de Abogados de Qatar por organizar el foro y por sus esfuerzos para fomentar la comunicación profesional entre los abogados de los Estados miembros del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG). También felicitó a la institución por su vigésimo aniversario, durante el cual ha representado a la profesión jurídica y colaborado en la administración de justicia.
El ministro señaló que la profesión jurídica afronta actualmente tres desafíos fundamentales que requieren atención inmediata.
El primero está relacionado con la tecnología, especialmente con la integración de la inteligencia artificial en los bufetes de abogados. Al respecto, subrayó que la cuestión ya no es si los abogados utilizarán estas tecnologías, sino quién asumirá la responsabilidad cuando una herramienta tecnológica cometa un error.
En este sentido, afirmó que la responsabilidad recae íntegramente en el abogado, puesto que ninguna herramienta tecnológica puede firmar un escrito judicial, comparecer ante un juez ni asumir la confianza que un cliente deposita en su representante legal. Añadió que la competencia profesional exige hoy comprender las capacidades y limitaciones de las herramientas utilizadas, así como actuar con transparencia ante el cliente y el tribunal respecto a su uso.
El segundo desafío se refiere a la integridad financiera. El ministro subrayó que el abogado es depositario de la confianza de sus clientes y que un bufete nunca debe convertirse en un canal para transferir fondos de origen desconocido.
El tercer desafío está relacionado con el factor humano. Explicó que las leyes y las normas procesales, por sí solas, no bastan para formar a un abogado competente, ya que el futuro de la profesión depende de los abogados en formación que actualmente adquieren sus conocimientos y aprenden los principios fundamentales del oficio. En este contexto, planteó la necesidad de garantizar que reciban una formación adecuada y acorde con los estándares profesionales, en lugar de dejarlos aprender por su cuenta.
Asimismo, destacó que la formación efectiva constituye una responsabilidad que deben asumir los bufetes de abogados y las asociaciones profesionales, y no limitarse a considerarla un mero requisito previo para la colegiación. Por ello, instó a reforzar el papel de estas instituciones en la preparación y cualificación de los profesionales del Derecho.
En cuanto a la cooperación en el Golfo, señaló que los Estados miembros del CCG han logrado avances significativos para facilitar el ejercicio de la abogacía a los profesionales de la región. Sin embargo, afirmó que la verdadera integración no consiste únicamente en abrir las puertas a la cooperación, sino que requiere armonizar las normas relativas a las cualificaciones profesionales, los códigos de conducta y la protección de las partes litigantes.
Explicó que esta armonización reforzaría la confianza de los litigantes en las instituciones jurídicas de los países del CCG, al garantizar que los abogados que representan sus intereses estén sujetos a estándares profesionales coherentes. Esto contribuiría, a su vez, al desarrollo de un mercado jurídico sólido y dinámico en la región.
En este sentido, instó a los colegios de abogados y a los organismos jurídicos del CCG, en coordinación con las autoridades reguladoras competentes, a centrarse en dos objetivos fundamentales: elaborar un manual de orientación unificado para los países del Golfo y establecer un marco para el reconocimiento mutuo de los programas de formación profesional continua en todos los Estados miembros.
Subrayó que estas medidas prácticas permitirían que el foro trascendiera su carácter de encuentro conmemorativo y de establecimiento de contactos para convertirse en una plataforma sostenible de desarrollo profesional e integración jurídica en el Golfo.
Por último, el ministro de Justicia y ministro de Estado para Asuntos del Gabinete reafirmó el compromiso de Qatar de garantizar que la relación entre los organismos reguladores, los abogados y sus colegios profesionales se base en la cooperación y la integración, respetando al mismo tiempo las competencias respectivas de cada entidad, al servicio de la justicia.