Washington, el 09 de octubre (QNA) — Estados Unidos impuso este viernes sanciones a la Corte Penal Internacional (CPI), en una medida sin precedentes dirigida contra sus recursos y su capacidad operativa. La decisión se produjo pocas horas después de anunciarse que Navi Pillay, exjueza de la CPI y de nacionalidad sudafricana, había ganado el Premio Nobel de la Paz 2026.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, declaró que Estados Unidos prohibiría las relaciones con la Corte, cortaría sus recursos y paralizaría su funcionamiento, lo que supone una escalada en la campaña que la Administración del presidente Donald Trump lleva tiempo emprendiendo contra la institución.
«O la CPI pone fin a sus amenazas o nosotros pondremos fin a su existencia», afirmó Rubio, quien señaló que las sanciones estaban concebidas para dar a la Corte y a los Estados parte del Estatuto de Roma la oportunidad de abordar las preocupaciones de Estados Unidos.
Por su parte, el Departamento del Tesoro estadounidense anunció las sanciones y estableció un período de gracia inicial de seis meses para determinadas transacciones. Asimismo, expidió cuatro licencias generales que autorizan operaciones específicas relacionadas con las comunicaciones, el software empresarial, los pagos de pensiones y determinadas transacciones vinculadas a los detenidos.
Además de la propia Corte, las medidas afectan a las empresas que le prestan servicios, lo que podría limitar su capacidad para realizar transacciones financieras y acceder a servicios bancarios, de seguros y tecnológicos. Los responsables de la institución llevaban meses preparándose para la posibilidad de que se impusieran sanciones directamente contra ella. Entre las medidas preventivas adoptadas figuran la sustitución de programas informáticos de fabricación estadounidense por alternativas de código abierto y la formalización de nuevos acuerdos bancarios y de seguros médicos para mitigar el impacto de las restricciones estadounidenses en las operaciones cotidianas.
Las relaciones entre Estados Unidos y la CPI han estado marcadas desde hace tiempo por las tensiones, especialmente tras las críticas de Washington a las órdenes de detención dictadas contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos delitos cometidos en la Franja de Gaza.
La Administración Trump ya había impuesto sanciones a jueces y fiscales de la CPI durante su primer mandato, medidas que posteriormente fueron revocadas por la Administración Biden. Washington reanudó las sanciones contra funcionarios de la Corte tras el regreso de Trump a la Casa Blanca en enero de 2025, un proceso que culminó hoy con la imposición de sanciones contra la propia institución.
Por su parte, la CPI rechazó las nuevas sanciones, que calificó de intento de obstruir la justicia y de ataque al Estado de derecho y a los fundamentos del orden jurídico internacional. La institución afirmó que seguiría desempeñando sus funciones de manera independiente e imparcial, sobre la base de la ley y las pruebas, e instó a sus 125 Estados parte a adoptar medidas concretas para garantizar la continuidad de su funcionamiento.
Nazhat Shameem Khan, fiscal adjunta de la Corte, afirmó que las sanciones tienen por objeto socavar el Estado de derecho y el funcionamiento de una institución judicial independiente. Asimismo, subrayó que la CPI continuará adelante con sus causas, investigaciones y enjuiciamientos.
La Corte Penal Internacional se estableció en La Haya en 2002 en virtud del Estatuto de Roma. Tiene competencia sobre los delitos de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y el crimen de agresión, y cuenta con 125 Estados parte.