El Cairo, el 13 de octubre (QNA) — El Consejo de la Liga de los Estados Árabes, reunido a nivel de representantes permanentes, instó al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a asumir sus responsabilidades en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y a aprobar una resolución que garantice la protección internacional del pueblo palestino y la aplicación de las resoluciones pertinentes, incluidas las resoluciones 904 (1994) y 605 (1987), relativas a la aplicación del IV Convenio de Ginebra en los territorios palestinos ocupados, incluida Jerusalén, así como la Resolución 2334 (2016), relativa a la política israelí de asentamientos.
En las resoluciones adoptadas al término de una sesión extraordinaria celebrada este martes en la sede de la Secretaría General de la Liga de los Estados Árabes, en El Cairo, a petición del Estado de Palestina, el Consejo instó al Consejo de Seguridad a aprobar una resolución en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas que obligue a Israel, potencia ocupante, a cumplir las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad sobre la cuestión palestina, poner fin a su agresión contra el pueblo palestino en todas sus formas y acatar las órdenes y opiniones consultivas de la Corte Internacional de Justicia.
El Consejo afirmó que la continua agresión y ocupación israelíes contra el pueblo palestino y el territorio del Estado de Palestina, así como contra los territorios árabes ocupados, constituyen una amenaza para la seguridad nacional árabe y socavan la paz y la seguridad internacionales. En este sentido, subrayó la necesidad de fortalecer la acción árabe conjunta para proteger al pueblo palestino mediante la activación y el desarrollo de los mecanismos de defensa árabe común, incluida la aplicación del Tratado de Defensa Conjunta y Cooperación Económica entre los Estados miembros de la Liga de los Estados Árabes, de conformidad con los principios del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas.
Asimismo, destacó la importancia de mantener y reforzar la acción árabe, tanto a nivel bilateral como multilateral, según proceda, con el fin de establecer un mecanismo eficaz de protección internacional para el pueblo palestino. A tal efecto, instó a convocar un período extraordinario de sesiones de emergencia de la Asamblea General de las Naciones Unidas en el marco de la iniciativa "Unión pro Paz", en aplicación de las resoluciones pertinentes de la ONU, incluida la Resolución 10/20 de la Asamblea General, de 2018, sobre la protección de la población civil palestina.
El Consejo exhortó a los Estados partes en el IV Convenio de Ginebra a intervenir de inmediato para proteger al pueblo palestino de los crímenes y la agresión israelíes, así como de los actos de terrorismo perpetrados por colonos israelíes, de conformidad con el derecho internacional, las resoluciones internacionales pertinentes y los convenios y tratados internacionales y regionales aplicables.
También reafirmó la importancia de aplicar las resoluciones de las cumbres árabes relativas al boicot de las empresas que operan en los asentamientos israelíes en los territorios palestinos ocupados, así como de incluir a las organizaciones y entidades terroristas vinculadas a dichos asentamientos en las listas nacionales árabes de organizaciones terroristas.
El Consejo condenó enérgicamente los actos de terrorismo y la intensificación de las agresiones perpetradas por colonos israelíes contra agricultores palestinos durante la temporada de recolección de aceitunas en la Cisjordania ocupada. Estas agresiones incluyen la destrucción de olivos, el robo de cosechas y la prohibición del acceso a las tierras, lo que vulnera los derechos del pueblo palestino sobre su territorio y sus recursos naturales. Asimismo, destacó el valor histórico de los olivos como símbolo profundamente arraigado de la firmeza y la resistencia del pueblo palestino.
El Consejo de la Liga de los Estados Árabes reiteró su rechazo y condena de cualquier decisión unilateral que vulnere el estatuto jurídico de la ciudad de Jerusalén, incluida la apertura de oficinas o misiones diplomáticas en ella. Consideró que tales medidas constituyen una grave violación del derecho internacional y de las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad, incluidas las resoluciones 476 y 478 de 1980, así como de las opiniones consultivas de la Corte Internacional de Justicia y de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.
Asimismo, señaló que estas medidas atentan contra los derechos del pueblo palestino, ofenden los sentimientos de los pueblos árabes y de las comunidades musulmanas y cristianas y deben considerarse nulas y sin efecto. Advirtió de que sientan precedentes peligrosos que alientan nuevas violaciones del derecho internacional, socavan los esfuerzos de paz y amenazan la paz y la seguridad internacionales.
El Consejo condenó enérgicamente la intención de Colombia de abrir una embajada en Jerusalén, al considerar que se trata de una grave violación del derecho internacional y de una medida ilegal que podría perjudicar las relaciones árabe-colombianas en los ámbitos político, diplomático y económico.
En este contexto, instó a Colombia a reconsiderar su decisión y pidió que se convoque a los embajadores colombianos acreditados ante los Estados miembros de la Liga de los Estados Árabes y de la Organización de Cooperación Islámica para transmitirles una protesta formal por esta medida y advertirles de sus posibles repercusiones en las relaciones bilaterales con Colombia.
El Consejo reiteró que los Estados miembros tienen la intención de adoptar todas las medidas prácticas necesarias en los ámbitos político, diplomático y económico para hacer frente a la decisión de Colombia o de cualquier otro Estado que reconozca a Jerusalén como capital de Israel, potencia ocupante, traslade allí su embajada o vulnere el estatuto jurídico de la ciudad. Estas medidas se enmarcan en la aplicación de las resoluciones de las sucesivas cumbres árabes y de los consejos ministeriales árabes. Asimismo, pidió que se haga un seguimiento de la aplicación de las resoluciones del Consejo de la Liga relativas a las violaciones del estatuto jurídico de Jerusalén por parte de determinados países.
El Consejo también instó al Parlamento Árabe y a los parlamentos nacionales árabes a establecer contacto urgente con el Parlamento colombiano para exhortarlo a intervenir ante el Gobierno de Colombia y lograr que reconsidere esta medida, que afecta al estatuto jurídico y a la importancia espiritual e histórica de la ciudad ocupada de Jerusalén.
Por otra parte, condenó las medidas israelíes contra el Consulado General británico en Jerusalén Este y reafirmó que Jerusalén Este es territorio palestino ocupado sobre el que Israel no ejerce soberanía. Asimismo, valoró la postura británica respecto al estatuto jurídico de Jerusalén, su apoyo a la solución de dos Estados y su respaldo a la imposición de sanciones a los asentamientos israelíes, en consonancia con el derecho internacional y las resoluciones internacionales pertinentes.
El Consejo reafirmó el derecho de retorno de los refugiados palestinos, de conformidad con la Resolución 194 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 1948, y destacó el papel del Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Oriente Próximo (UNRWA), así como los desafíos que afronta y la necesidad de garantizar la continuidad de sus servicios en todas sus zonas de operaciones, especialmente en los territorios palestinos ocupados, incluida Jerusalén.
El Consejo pidió al Grupo Árabe en Nueva York que haga un seguimiento de la aplicación de las disposiciones de esta resolución en las Naciones Unidas y en el Consejo de Seguridad. También solicitó al secretario general de la Liga de los Estados Árabes que supervise su aplicación y presente un informe al respecto en la próxima sesión del Consejo.
La sesión extraordinaria se celebró a petición del Estado de Palestina, presentada ante la Secretaría General de la Liga de los Estados Árabes y respaldada por los Estados miembros, con el objetivo de examinar los mecanismos para garantizar la protección internacional del pueblo palestino y asegurar el respeto del derecho internacional y de las resoluciones pertinentes relativas al estatuto jurídico internacional de la ciudad de Jerusalén.