Doha, el 11 de agosto (QNA) — La Ley Núm. 8 de 2026, por la que se modifican determinadas disposiciones de la Ley Núm. d de 2008 sobre arrendamientos inmobiliarios, forma parte de los esfuerzos en curso para mejorar el marco legislativo y normativo del país en el sector inmobiliario, según informó este martes el Ministerio de Asuntos Municipales en un comunicado.
Las modificaciones contribuirán a aumentar el atractivo del sector para la inversión, agilizar los trámites, salvaguardar los derechos de las partes en la relación arrendaticia y mejorar la eficiencia del sistema de resolución de litigios, añadió el comunicado.
El Ministerio señaló que las modificaciones tienen por objeto proporcionar un entorno normativo más eficiente y flexible para las partes interesadas y los inversores, reforzar la competitividad del mercado inmobiliario, mejorar los servicios públicos y apoyar el desarrollo económico y urbano sostenible en el Estado de Qatar.
Su Excelencia el subsecretario del Ministerio de Asuntos Municipales, el ingeniero Ali bin Mohammed bin Ali Al Ali, señaló que las modificaciones responden a la evolución del sector inmobiliario y tienen por objeto establecer un marco normativo más flexible y eficiente, fomentar la confianza en el mercado inmobiliario y mejorar el entorno empresarial, apoyando así la estabilidad y el crecimiento sostenible del sector.
El ingeniero Al Ali señaló que la ley entrará en vigor el 3 de septiembre de 2026 e instó a todas las partes interesadas a revisar las modificaciones, aprovechar el período de gracia para completar los trámites y adecuar su situación a las disposiciones de la ley.
Afirmó que la reducción de la tasa de registro de los contratos de arrendamiento aliviará la carga financiera de las partes interesadas, fomentará el registro de dichos contratos y promoverá el cumplimiento de la ley, reforzando así la estabilidad de las operaciones de arrendamiento y salvaguardando los derechos de propietarios e inquilinos.
Las modificaciones también reducen la tasa de registro de los contratos de arrendamiento. Con arreglo a la ley anterior, la tasa se calculaba en un 0,5 % del valor anual del alquiler, con un mínimo de 250 QAR y un máximo de 2 500 QAR. En virtud de la modificación, se ha fijado una tasa fija de 250 QAR.
La ley también introduce una nueva disposición mediante la incorporación del artículo (20 bis), que permite a los beneficiarios de bienes públicos y privados del Estado registrar ante la oficina competente los contratos de arrendamiento celebrados con terceros en un plazo de dos meses a partir de la fecha de formalización del contrato. Estos contratos están exentos de tasas de registro.
La modificación contribuirá a resolver una serie de dificultades prácticas a las que se enfrentaban anteriormente los beneficiarios de bienes estatales y sus arrendatarios, ya que permitirá documentar los contratos de arrendamiento y utilizarlos para formalizar operaciones con organismos públicos y proveedores de servicios que exijan la presentación de un contrato de arrendamiento documentado.
Esto reforzará la seguridad jurídica de la relación entre arrendador y arrendatario y salvaguardará los derechos de las partes implicadas. Asimismo, establece una única vía de recurso contra las resoluciones de la Comisión de Resolución de Conflictos de Arrendamiento (RDC) ante el Tribunal de Apelación, lo que mejora la claridad procesal, proporciona mayor estabilidad y seguridad jurídica a las partes y fomenta la coherencia en las interpretaciones judiciales relativas a los conflictos de arrendamiento.
El registro de estos contratos proporcionará asimismo datos más precisos sobre las viviendas alquiladas, lo que contribuirá a la elaboración de políticas inmobiliarias y a la planificación urbana, al tiempo que mejorará la eficiencia de la regulación del sector inmobiliario.
Como parte de los esfuerzos por fomentar el cumplimiento normativo y facilitar la regularización de la situación jurídica, las modificaciones reducen de 5 000 QAR a 1 000 QAR la tasa de liquidación por determinadas infracciones relacionadas con el registro de contratos de arrendamiento.
El objetivo es animar a las entidades reguladas a regularizar su situación jurídica y registrar sus contratos de arrendamiento, contribuyendo así a reducir los litigios judiciales y fomentar la resolución de las cuestiones jurídicas pendientes.
En lo que respecta a los litigios en materia de arrendamiento, la ley ha ampliado la competencia de la RDC para incluir todos los litigios derivados de la relación entre arrendador y arrendatario, incluidos los relativos a casos y contratos de arrendamiento excluidos del ámbito de aplicación de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios.
Asimismo, ha establecido que acudir a la comisión constituye un trámite obligatorio antes de interponer una demanda ante los tribunales.
Estas modificaciones reforzarán el papel de la comisión como órgano especializado en la resolución de disputas en materia de arrendamiento, agilizarán los trámites y acelerarán su resolución, lo que ayudará a los titulares de derechos a hacerlos valer con mayor rapidez y reducirá la carga de trabajo de los tribunales.