Doha, el 17 de febrero (QNA). Los ministros de Exteriores del Estado de Qatar, el Reino Hachemita de Jordania, los Emiratos Árabes Unidos, la República de Indonesia, la República Islámica de Pakistán, la República de Turquía, el Reino de Arabia Saudí y la República Árabe de Egipto condenaron enérgicamente la decisión de Israel de clasificar territorios de la Cisjordania ocupada como “propiedad del Estado” y de aprobar el inicio de procedimientos de registro y regularización de la propiedad de la tierra a gran escala en la Cisjordania ocupada, por primera vez desde 1967.
Los ministros afirmaron que esta medida ilegal constituye una grave escalada destinada a acelerar la expansión de asentamientos ilegales, facilitar la confiscación de tierras, consolidar el control israelí e imponer una soberanía ilegal sobre los territorios palestinos ocupados, lo que socava los derechos legítimos del pueblo palestino.
Subrayaron que dichas acciones representan una violación flagrante del derecho internacional y del derecho internacional humanitario, en particular del Cuarto Convenio de Ginebra, así como de las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad, especialmente la resolución 2334.
Asimismo, señalaron que esta decisión contradice el dictamen consultivo emitido por la Corte Internacional de Justicia sobre las consecuencias jurídicas de las políticas y prácticas israelíes en los territorios palestinos ocupados, el cual reafirma la ilegalidad de toda medida destinada a modificar la situación jurídica, histórica y demográfica de dichos territorios, la obligación de poner fin a la ocupación y la prohibición de la apropiación de tierras por la fuerza.
Los ministros advirtieron que esta medida pretende imponer una nueva realidad jurídica y administrativa para consolidar el control sobre el territorio ocupado, lo que debilita la solución de dos Estados, frustra las perspectivas de establecer un Estado palestino independiente y viable, y pone en riesgo las posibilidades de alcanzar una paz justa e integral en la región.
Reiteraron su rechazo categórico a todas las medidas unilaterales orientadas a alterar la situación jurídica, demográfica e histórica de los territorios palestinos ocupados, y enfatizaron que tales políticas constituyen una peligrosa escalada que incrementará la tensión y la inestabilidad tanto en los territorios palestinos ocupados como en el conjunto de la región.
Finalmente, instaron a la comunidad internacional a asumir sus responsabilidades y adoptar medidas claras y decisivas para poner fin a estas violaciones, garantizar el respeto del derecho internacional y salvaguardar los derechos inalienables del pueblo palestino, en primer lugar su derecho a la autodeterminación, al fin de la ocupación y al establecimiento de su Estado independiente y soberano sobre las fronteras del 4 de junio de 1967, con capital en Jerusalén Este.