Asunción, el 07 de noviembre (QNA) – Las autoridades paraguayas pusieron bajo arresto domiciliario al expresidente Santiago Peña tras la decisión del Senado de destituirlo, en el contexto de un escándalo bancario que provocó la inmovilización de los ahorros de millones de personas y desencadenó amplias protestas populares.
La fiscal Silvia Margarita González Vester declaró a los periodistas: "Peña permanecerá bajo arresto domiciliario en su vivienda de Asunción". Añadió que será interrogado hoy en relación con presuntos delitos de lesión de confianza, tráfico de influencias y malversación de fondos.
Por su parte, el vicepresidente Pedro Alliana, de 52 años, prestó juramento como nuevo presidente de Paraguay en sustitución de Peña y completará el período restante del mandato presidencial, que concluirá en agosto de 2028.
Alliana es una figura veterana del conservador Partido Colorado, que ha dominado durante largo tiempo el panorama político del país. Anteriormente, ocupó el cargo de presidente de la Cámara de Diputados.
El Senado paraguayo aprobó el viernes la destitución del presidente Santiago Peña, un día después de rechazar su renuncia, en el marco de una crisis bancaria que impidió a millones de depositantes recuperar sus fondos.
Previamente, el jueves, los diputados votaron por unanimidad, incluidos los representantes del gobernante Partido Colorado, a favor de iniciar el procedimiento de destitución de Peña a raíz de la crisis de Ueno Bank, al que acusaron de mala gestión y conflicto de intereses. Al día siguiente, los senadores votaron por una amplia mayoría a favor de su destitución.
La oposición insistió en continuar el procedimiento de destitución de Peña en lugar de permitirle dimitir, ya que su renuncia le habría otorgado automáticamente un escaño vitalicio en el Senado y, con ello, inmunidad frente a la acción judicial.
La intervención de Ueno Bank por parte del Banco Central del Paraguay el pasado martes provocó la inmovilización de los depósitos de aproximadamente tres millones de personas, cerca de la mitad de la población del país, entre ellas numerosos jubilados. La medida desencadenó airadas protestas en distintas partes del territorio nacional.